El juzgado de Instrucción de San Pedro de Macorís
fijó para el 20 de agosto la audiencia preliminar contra el ex lanzador
de Grandes Ligas José Rijo y siete personas más vinculadas al lavado de
activos y el asesinato del periodista José Silvestre, ocurrido el 2 de
agosto del año pasado.
El magistrado Ramón Martínez, en su auto de fijación, número 168/2012, ordenó que la Fiscalía de San Pedro de Macorís, ponga a disposición de todas las partes las pruebas reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas y ponderarlas en los plazos que otorga la ley.
Rijo fue incluido en el expediente de lavado de activos por alegados vínculos comerciales con el autor intelectual del asesinato del periodista Silvestre, Matías Avelino Castro.
Previo al inicio de la audiencia preliminar donde se discutirán las pruebas, ventilarán la solicitud de medida de coerción planteada por los fiscales Soraine Vargas Molina, María del Carmen de León, Dulce María Luciano y Estela Santa Castro.
Rijo, sostiene que demostrará su inocencia en los tribunales y que presentará al juez un documento donde intentaron extorsionarlo con tres millones de dólares, para excluirlo del expediente pero que tenía que poner en garantía su penn-house y el hotel el Grand Apartahotel Las Galeras, de Samaná y que posee como prueba una copia del contrato de garantía, a lo que este se negó.
Contra José Rijo, los fiscales solicitan una garantía económica de 20 millones de pesos, en efectivo, impedimento de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía de San Pedro de Macorís, los días 30 de cada mes.
Mientras que para Ángel Amed Mañón Gutiérrez, Elvin Canario de Oleo, Denny Junior Serrano, Fermín Marcelino Calderón, Franklin Lugo Mejía, piden prisión preventiva y a Raysa Danelys Avelino Javier, una garantía económica donde no establecen el monto, impedimento de salida y presentación periódica.
Según la acusación depositada por la Fiscalía de San Pedro de Macorís y la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República, Matías Avelino Castro, usaba varios nombres, entre ellos el de Joaquín Espinal Almeyda o Milton Martínez Rodríguez, (Daniel).
“Se asoció con Matías Avelino Castro en varias empresas comerciales, consintió que bienes y activos propiedad de Daniel fueran puestos a su nombre, con la finalidad de ocultar la verdadera propiedad y el origen ilícito de los bienes adquiridos por Avelino Castro”, explica la acusación sobre Rijo.
El magistrado Ramón Martínez, en su auto de fijación, número 168/2012, ordenó que la Fiscalía de San Pedro de Macorís, ponga a disposición de todas las partes las pruebas reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas y ponderarlas en los plazos que otorga la ley.
Rijo fue incluido en el expediente de lavado de activos por alegados vínculos comerciales con el autor intelectual del asesinato del periodista Silvestre, Matías Avelino Castro.
Previo al inicio de la audiencia preliminar donde se discutirán las pruebas, ventilarán la solicitud de medida de coerción planteada por los fiscales Soraine Vargas Molina, María del Carmen de León, Dulce María Luciano y Estela Santa Castro.
Rijo, sostiene que demostrará su inocencia en los tribunales y que presentará al juez un documento donde intentaron extorsionarlo con tres millones de dólares, para excluirlo del expediente pero que tenía que poner en garantía su penn-house y el hotel el Grand Apartahotel Las Galeras, de Samaná y que posee como prueba una copia del contrato de garantía, a lo que este se negó.
Contra José Rijo, los fiscales solicitan una garantía económica de 20 millones de pesos, en efectivo, impedimento de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía de San Pedro de Macorís, los días 30 de cada mes.
Mientras que para Ángel Amed Mañón Gutiérrez, Elvin Canario de Oleo, Denny Junior Serrano, Fermín Marcelino Calderón, Franklin Lugo Mejía, piden prisión preventiva y a Raysa Danelys Avelino Javier, una garantía económica donde no establecen el monto, impedimento de salida y presentación periódica.
Según la acusación depositada por la Fiscalía de San Pedro de Macorís y la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República, Matías Avelino Castro, usaba varios nombres, entre ellos el de Joaquín Espinal Almeyda o Milton Martínez Rodríguez, (Daniel).
“Se asoció con Matías Avelino Castro en varias empresas comerciales, consintió que bienes y activos propiedad de Daniel fueran puestos a su nombre, con la finalidad de ocultar la verdadera propiedad y el origen ilícito de los bienes adquiridos por Avelino Castro”, explica la acusación sobre Rijo.
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